Com “probabilidade de mortes”, Justiça Federal suspende despejos contra comunidades Guarani Kaiowá

No contexto de violências contra os indígenas no Cone Sul sul-mato-grossense, um alento aos Guarani e Kaiowá da demarcação Dourados Amambai Peguá I – chamada pelo povo de Tekoha Guasu. A 2ª Vara da Justiça Federal de Dourados (MS) suspendeu o cumprimento de despejos envolvendo duas fazendas incidentes nos tekoha – lugar onde se é – Nãmoy Guavira’y e Jeroky Guasu. A decisão, todavia, é provisória e aguarda sentenças aos processos.

As reintegrações de posse foram determinadas no último mês de dezembro, com prazo inicial de despejo a ser cumprido pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Como o órgão indigenista tem funções constitucionais inversas, acabou para a Polícia Federal executar a reintegração – o que ocorreria à força. Na última semana, os prazos foram encerrados sem a retirada das comunidades das áreas.

Em ofício à Justiça Federal, o comando da PF argumentou sobre a “probabilidade concreta de mortes durante a execução do provimento jurisdicional”. Dando procedência ao ponderado pelos agentes federais, o juiz suspendeu as reintegrações alegando ainda “recentes decisões do STF no sentido de obstar o cumprimento de mandado de reintegração de posse quando houver risco de remoção de grandes contingentes de pessoas”.

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudências contra reintegrações de posse envolvendo territórios indígenas. O que pode influenciar outras situações. São duas fazendas incidentes em cada um dos tekoha com pedidos de reintegração de posse deferidos. Com isso, outros dois pedidos de despejo ainda estão valendo. No entanto, para estes, a Justiça Federal solicitou mais informações aos fazendeiros com prazo estabelecido em dez dias.

Mais dados também foram solicitados pela Justiça federal aos ‘proprietários’ de duas áreas a serem reintegradas na Reserva de Dourados, que compõem o tekoha Yvu Vera. Casos de despejos também determinados em dezembro pela 2ª Vara num pacote de tensão lançado sobre as comunidades Guarani e Kaiowá na virada de ano. A decisão dos indígenas era e é a de não sair das retomadas e resistir.  

No interior da Dourados Amambai Peguá I, município de Caarapó, estão diversos tekoha retomados pelos Guarani e Kaiowá nas últimas décadas – Paí Tavy Terã, Ñandeva, Ñamoy Guavira’y, Jeroky Guasu, Tey’Jusu, Kunumi Vera, Guapo’y, Pindo Roky e Itagua. Sem a conclusão do procedimento demarcatório, os indígenas sofrem sucessivos ataques de pistoleiros e fazendeiros, além dos despejos judiciais.

Em dezembro ainda outro tekoha teve decisão de despejo concedida pela 2ª Vara: Kunumi Vera. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a retirada da comunidade. No local onde o agente de saúde Guarani e Kaiowá Clodiodi Aquileu de Souza, de 26 anos, acabou  assassinado a decisão foi a segunda tentativa de despejo dos indígenas nos últimos seis meses.

Yvu Vera

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) e a Fundação Nacional do Índio (Funai), Yvu Vera é uma área de quase 20 hectares que integra a Reserva de Dourados e foi invadida por não-indígenas. Na terra tradicional não vivem apenas indígenas Guarani e Kaiowá, mas também Guarani Ñandeva e Terena. Para a reserva os indígenas foram expulsos de forma violenta de suas aldeias.

Os indígenas retomaram as “propriedades” incidentes em Yvu Vera em fevereiro do ano passado como forma de realocar famílias que saíram da Reserva por falta de espaço físico. Com quase 3.500 hectares, a área reservada ainda na época do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), na primeira metade do século XX, é ocupada por 13.100 indígenas (Funai, 2015).

Por Renato Santana, da Assessoria de Comunicação – Cimi  

Guaraní, el pueblo que muere sin sus tierras

Los indígenas guaraníes llevan años encarando el desplazamiento forzado, la marginación y los ataques de terratenientes

Ocurrió una noche de Navidad cuando un líder del pueblo guaraní-kaiowá quiso regresar a las tierras de las que habían sido expulsados hacía unos días. Quería recoger algo de su huerto para dar de comer a su familia y así se lo explicó al pistolero que custodiaba la entrada de la hacienda y que no dudó en matarlo a tiros en el momento que atravesó la linde. Al líder indígena lo acompañaba su hijo, que no pudo volver a dormir aterrorizado por el recuerdo. Aguantó 15 días antes de colgarse de un árbol. Solo tenía 12 años.

La historia la cuenta el portavoz guaraní Tonico Benítez después de visitar el último campamento indígena improvisado en los márgenes de la carretera que va de Dourados a Campo Grande, en el Estado brasileño de Mato Grosso do Sul. En cuatro barracas construidas con plásticos negros se han instalado los miembros de una familia que fue expulsada de sus tierras, ubicadas justo enfrente, hace unos meses. Su cacique, Damiana Cavanha, recibe al que llega cantando y danzando su ritual de bienvenida ignorando el ensordecedor ruido del tráfico. La miseria del asentamiento evoca sin duda los suicidios de todo su pueblo.

La organización defensora de los derechos indígenas Survival Internationalresume así este sufrimiento en el libro Somos Uno: “De los guaraníes brasileños que se han suicidado, el más joven tenía solo nueve años. Durante los últimos cien años, su pueblo, uno de los primeros en entrar en contacto con los europeos, ha perdido prácticamente la totalidad de su tierra. En la actualidad, viven hacinados en territorios diminutos rodeados de enormes plantaciones de caña de azúcar, mientras que otros acampan bajo lonas junto a polvorientas cunetas”.

El despojo de sus tierras es lo que ha hundido en la desesperación al pueblo indígena más numeroso de Brasil, con alrededor de 50.000 guaraníes, cargando además con el triste récord de ser uno de los grupos con la tasa más alta de suicidios. Los datos extraoficiales —los que han ido recogiendo los afectados— aseguran que han sido más de 1.000 los guaraníes hombres, mujeres y niños que se quitaron la vida en los últimos 20 años, casi siempre de la misma forma: ahorcados en la rama de un árbol. Podrían ser más, porque los registros oficiales más recientes de la Fundación Nacional de la Salud —que datan del 2000 al 2008—, hablan de 410 suicidios solo durante esos ocho años, siendo muchos de los fallecidos adolescentes.

En el asentamiento de Damiana, una gallina medio desplumada —la única que pudieron cargar cuando la policía los desalojó de sus terrenos—  va de un lado para otro entre el poco espacio que queda entre chabola y chabola. Mientras, los niños intentan divertirse, subidos a un columpio amarrado a un árbol, y sofocados por esa amargura que lo impregna todo. “Nuestros cultivos, nuestras casas, nuestros animales están allí”, asegura la cacique señalando con el dedo el otro lado de la carretera. “Y sobre todo, nuestro cementerio. No podemos abandonar a nuestros muertos”, lamenta llorando mientras sujeta su escuálido tocado sin plumas. Ya no quedan bosques, tampoco los pájaros que habitaban en ellos y que abastecían con sus colores la artesanía indígena. Ahora, apenas sirven las plumas que se les caen a sus gallinas o un poco de lana descolorida.

De los guaraníes brasileños que se han suicidado, el más joven tenía solo nueve años, según Survival International

Los guaraníes no suelen irse muy lejos cuando son expulsados de sus tierras: se instalan en los bordes de la carretera más cercana, como es el caso de comunidad Apika’i de Damiana. Según Tonico Benítez, hay familias que llevan más de 30 años viviendo en las orillas de las calzadas. “Esperaremos aquí hasta que nos dejen regresar a nuestras tierras, nosotros no queremos vivir de las ayudas de la Funai (Fundação Nacional do Indio)”, afirma Damiana con rabia pero casi resignada ante una situación que su pueblo ya ha vivido demasiadas veces. La tarde va cayendo en la comunidad y Damiana y su hijo mayor muestran cada vez más signos de embriaguez pese a que no se ve ninguna botella de alcohol fuera de las barracas. El alcoholismo que sufren muchos guaraníes se trata de ocultar en vano como se intenta, también en vano, esconder la desesperación y la tristeza que acarrean los desalojos, la marginación de su pueblo o los ataques y los asesinatos que sufren sus líderes.

Survival International lleva años denunciando la situación de los guaraníes ante la ONU. “La mayoría de las veces, la separación de sus tierras ancestrales resulta catastrófica. Cuando se pierde el control sobre la tierra, o cuando se impide que la utilicen de acuerdo con sus tradiciones, a largo plazo la salud física y mental sufre mucho”, ha recordado en varias ocasiones la ONG.

Una historia marcada por la resistencia

Pese a su situación actual, la historia de los guaraníes es una historia marcada hasta el día de hoy por la resistencia. Habitan desde hace más de 2.000 años en la zona fronteriza de Brasil, Paraguay y Argentina. Los guaraníes brasileños se dividen en tres grupos: los kaiowá, los ñandeva y los m’bya. Y ha sido en el estado de Mato Grosso do Sul donde se han concentrado los problemas, porque allí llegaron a vivir en “una extensión de 350.000 kilómetros cuadrados de bosques y llanuras”, según explica Survival.

“Después de la guerra con Paraguay en 1890, el Gobierno brasileño ignoró la presencia indígena en la zona y comenzó a vender la tierra como si allí no viviera nadie”, asegura el portavoz Tonico Benítez. Desde entonces, los guaraníes han sido reducidos a la mitad.

Casi un siglo después de esa guerra, entre 1960 y 1990, fue cuanto la selva del sur del estado brasileño fue destruida para crear extensos cultivos de soja y caña de azúcar o haciendas de ganado. Los indígenas fueron desalojados rápidamente, muchas veces con violencia, de sus poblados. Fueron obligados a vivir en reservas, también conocidas como campos de desplazados y a las que, hasta el día de hoy, los guaraníes siguen llamando “chiqueros, pocilgas”.

El informe Guaraní Retã, que estudia a esta etnia, explica que para ellos “esto significó́ la destrucción de su mundo. Ellos eran habitantes de la selva, vivían en la selva y de la selva. Todos sus conocimientos, desde niveles muy prácticos sobre plantas y animales hasta su cosmovisión y espiritualidad, estaban vinculados al bosque”.

Estos cambios causaron entre los guaraníes, según la misma investigación, “desequilibrio y desesperación que se ha manifestado a través del alcoholismo, un aumento de la violencia interna en las reservas y el aumento de los suicidios, especialmente a partir de los años noventa”.

Las familias se instalan indefinidamente en los márgenes de las carreteras cuando son expulsados de sus tierras

Los guaraníes se han resistido desde el principio a vivir hacinados en reservas y pese a esta oposición, un 65% de la población indígena en Mato Grosso do Sul vive confinado. Para Benítez, que nació en una de ellas, el problema de mantenerlos en estas pequeñas áreas es que los líderes “pierden el liderazgo, quedan reducidos a nada, y con ellos sus rituales. Entonces surgen enfrentamientos entre las familias precisamente por esta falta de papeles de mando”.

Por esta razón, regresan una y otra vez a sus campos. El mayor obstáculo sigue siendo la demarcación de las tierras ancestrales que continúa generando conflicto entre el Gobierno, los terratenientes y las comunidades indígenas. Una vez demarcada la tierra, los moradores actuales —si no son indígenas— deben salir de las tierras previo pago de una indemnización estatal. Sin embargo, el conflicto ha llevado esa demarcación hasta el Supremo, que debería decidir, pero mientras se retrasa la decisión judicial los indígenas son expulsados de sus tierras una y otra vez, condenados a vivir en las carreteras.

Hay familias que ocupan y resisten todo lo que pueden en los territorios demarcados y considerados guaraníes, pero siempre bajo la amenaza de los propietarios de los monocultivos o el ganado que los rodea más allá de ese pequeño espacio del que hacen uso. La comunidad Tey Kuê, localizada en el municipio de Caarapó, fue atacada este verano después de que los indígenas ocuparan una hacienda ubicada en sus tierras ancestrales. Según el Ministerio Público Federal de Mato Grosso do Sul, unas doscientas personas en 40 camionetas y coches cercaron la comunidad guaraní y comenzaron a dispararcontra un grupo de 40 a 50 indígenas. La escaramuza dejó un muerto y varios heridos, entre ellos un niño de 12 años. Un mes después se produjo un nuevo ataque que costó otros tres heridos.

A la entrada de la hacienda donde resiste este grupo de indígenas, la tumba del joven asesinado recibe a los visitantes marcada con una bandera de Brasil manchada con su sangre y que ondea dada la vuelta en lo alto del mástil. Antes de contar su tragedia, los guaraníes —sin rendirse al sol inclemente— cumplen primero con sus rituales de bienvenida cantando y danzando a los que se une Tonico Benítez entrando en el círculo que forman agarrados de la mano. “La noche del ataque recibí más de 500 llamadas de los guaraníes que viven en estas aldeas y que constituyen un grupo de casi 7.000 personas”, explica el portavoz indígena, que en los últimos años ha potenciado el uso de móviles como herramienta para las denuncias.

Benítez rememora el dolor de aquella noche sentado bajo la sombra de un árbol después de compartir el almuerzo con esa comunidad que confía en él para liderar su lucha. “Cuando los guaraníes entendieron que estaban siendo atacados, dejaron todo lo que estaban haciendo y se dirigieron con los arcos tensados y la flecha lista hacia la zona del ataque. La policía estaba allí y no hacía nada por ayudarlos, entonces los indígenas quemaron uno de sus coches y ataron a dos agentes; después, cercaron todas las tierras para impedir la entrada de más pistoleros”, recuerda. Nada se pudo hacer esa noche, pero la investigación ha continuado desde entonces, según el Ministerio Publico Federal del Estado. Una gran esperanza para el pueblo guaraní que lleva muchos años sufriendo con la impunidad con la que actúan sus agresores.

El pueblo guaraní habita desde hace más de 2.000 años en la frontera de Brasil, Paraguay y Argentina

Este y otros ataques contras ellos también han sido condenados por la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, que visitó Brasil en marzo de 2016 para evaluar la situación de los indígenas brasileños. Pese a su informe con denuncias y recomendaciones posteriores, pocos pasos se han dado desde el Gobierno central.

Si las tierras siempre son valiosas, en Mato Grosso do Sul, uno de los Estados más productivos de Brasil, ese valor se multiplica. Precisamente por esos intereses económicos los guaraníes se enfrentan a un fuerte rechazo social y son tachados de violentos, salvajes, invasores, ladrones o animales, entre otras muchas descalificaciones. Tonico Benítez asegura que aún hoy tiene que explicarle a mucha gente que ellos son seres humanos. “Ustedes necesitan comer, necesitan dormir, ir al baño… Nosotros también”, le dijo una vez a un juez, que a su vez le preguntó por las diferencias y él respondió: “Ustedes tienen los recursos y nosotros no tenemos nada. Ustedes están financiados por el Gobierno, pese a que nosotros ya estábamos aquí cuando llegaron y nos lo robaron todo”. Le gusta, pese a todo, dejar bien claro que quizás son diferentes en algunas cosas, pero con los mismos vicios y virtudes que el resto de los seres humanos. Ni más ni menos.

En las aldeas, con el paso de los días se observa algo muy distinto: su visión espiritual del mundo y de su entorno; y algo particularmente igual: el sufrimiento, el resentimiento y la desesperación para enfrentarse al despojo. Su forma de interpretar el mundo se puede resumir en esta declaración que hizo una joven guaraní a Survival: “Nosotros, los indígenas, somos como las plantas. ¿Cómo vamos a vivir sin nuestro suelo, sin nuestra tierra?” Su dolor está en la respuesta, que para Tonico Benítez siempre ha sido la misma: vivir y luchar, aunque sea a la desesperada.

 

Por Yasmina Gimenez

Publicado em El País

Geografia da Fome, uma trajetória em busca do direito humano à alimentação e nutrição

A história das políticas públicas destinadas à alimentação e à nutrição a famílias de baixa renda começa no Brasil, com o trabalho deste, que é um dos mais importantes pensadores, sobre a questão da fome: Josué de Castro. Médico, escritor, embaixador junto à sede das Nações Unidas em Genebra (1962), político, sociólogo, Diretor da FAO – Organismo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (1945), em duas gestões na década de 50. Na sua obra, dois livros fundamentais ao estudo científico sobre o tema, “Geografia da Fome”, que analisa as condições específicas do Brasil em relação à fome e a desnutrição, e “Geopolítica da Fome”, onde estende sua análise ao âmbito internacional. Josué de Castro profetizava: “denunciei a fome como flagelo fabricado pelos homens contra outros homens”, no que queria deixar claro sua visão sobre a fome como fenômeno político e econômico, produzido pela mão do homem, em contraponto a um problema  alimentar ou natural.

Seus estudos com um grupo de médicos na década de 40, foram imprescindíveis para a compreensão dos diversos tipos de fome, nos indicando a complementaridade entre  terra/ambiente, homens/culturas  e nutrição. Nasce aí, o ¨Geografia da Fome¨.

Através dos inquéritos alimentares, que ¨nutrem¨ a obra, o autor caracterizou cinco áreas alimentares no país, em 1945, cada uma delas com recursos e características próprias tanto de clima, quanto de solo, cultura, etnias, desenvolvimento econômico, social, as diferenças regionais, entre um norte, nordeste, sul, que estavam assim distribuídas: 1) Área da Amazônia; 2) Área da Mata do Nordeste – todo o seu extenso litoral: 3) Área do Sertão do Nordeste; 4) Área do Centro-Oeste; 5) Área do Extremo Sul. Das cinco áreas que formam o quadro alimentar brasileiro, três, através desses estudos, caracterizavam-se como áreas de fome: a da Amazônia, a da Mata do Nordeste, e a do Sertão Nordestino. As populações que ali viviam, na sua grande maioria, exibiam e/ou exibem, permanentemente ou ciclicamente as marcas inconfundíveis da fome coletiva, numa categoria de calamidade coletiva. Nessas regiões, ao lado das deficiências proteicas, ocorriam deficiências em sais minerais, fazendo uma correlação entre a riqueza mineral do solo, e a vida, tanto animal quanto vegetal.

Josué de Castro apontou no livro sua preocupação com as decisões políticas para a busca de solução para problema de tamanha e extensa grandeza:

“(…) o drama atual do Brasil, que é promover o seu desenvolvimento, com suas escassas disponibilidades, em ritmo acelerado e sem sacrificar as aspirações de melhoria social de seu povo, constitui a pedra de toque da acuidade política dos nossos dirigentes.”(CASTRO, 1963, p. 39).

Ao longo dos processos históricos brasileiros, vamos encontrar políticas públicas reprodutoras da pobreza, programas fragmentados na tentativa de superação da miséria, sempre com a supremacia dos interesses econômicos sobre os direitos sociais. Em décadas, vimos a concentração do poder econômico, a desresponsabilização do Estado, como indutor do fosso entre a população pobre, as desigualdades sociais, a fome e as elites que concentraram poder e riqueza.

Este célebre registro nos ensina que ao abordarmos a questão da fome, num país como o Brasil, de dimensões continentais, rico em suas fontes naturais, minerais, hídricas, seus ecossistemas, sua biodiversidade, condições climáticas, fronteiras agrícolas, sua diversidade étnica e cultural; é abordar a questão da terra, da agricultura, das opções de desenvolvimento, dos povos e comunidades tradicionais, é reconhecer que a fome, mesmo em diferentes períodos históricos e de desenvolvimento do país, é produzida, reproduzida e mantida por um contexto político, econômico e social.

Josué de Castro deixa seu legado, a materialidade de sua obra e testemunho de vida, proporcionando ao Brasil a base para um sistema de lei que hoje vigora no país. A institucionalização da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) vem ocorrendo gradualmente com um impulso maior a partir da promulgação da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que instituiu a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) e criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nutricional (SISAN), com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada no país.

Essa política pressupõe a articulação e a integração de ações no âmbito do acesso aos alimentos com qualidade e quantidade suficientes, pela extensão e biodiversidade brasileira, desde a produção até o consumo, passando pela educação alimentar e nutricional a toda a população. Por sua vez, ela deve favorecer a articulação de ações setoriais de forma sustentável, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, envolvendo tanto as políticas econômicas e financeiras, quanto políticas sociais como a  saúde, educação, assistência social.

O Brasil deu um passo significativo no que se refere ao arcabouço legal, através da promulgação da Emenda Constitucional nº 64, que inclui a alimentação entre os direitos sociais, no Art. 6º da Constituição Federal, em 2010. Esse direito constitucional confere especialmente no que se refere à política de segurança alimentar e nutricional, sob o enfoque da realização de direito e da proteção social, mais garantias de sua efetivação e operacionalidade.

A legislação brasileira de SAN, expressa enquanto dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir mecanismos para sua exigibilidade.

No entanto o caráter positivo da política de SAN, em relação aos seus destinatários, não é automático, não se dá por decreto, pela norma, o que sugere um contínuo desafio no enfrentamento das forças hegemônicas e do poder estrutural do capital. Nesta política pública destacam-se os componentes regionais diferenciados de pobreza com demandas de populações específicas: mulheres, crianças, idosos, populações negras, quilombolas, indígenas.

Rafirmemos Josué de Castro, a contemporaneidade de sua obra, entendendo a oferta adequada de alimentos; num Brasil continental, como a estabilidade da oferta e dos mercados, segurança no acesso aos alimentos ofertados, redistribuição dos recursos materiais, da renda e a redução da pobreza, sem os quais não haverá segurança alimentar para as populações em qualquer parte do mundo.


Referências

ROCHA, B. M.  Política de Segurança Alimentar Nutricional e sua inserção ao Sistema Único de Assistência social. 1ª. Ed. Jundiaí: PACO Editorial, 2012. v. 120. 164 p .

CASTRO, Ana Maria. Últimos escritos de Josué de Castro. São Paulo: Vozes, 1984.

CASTRO, Josué de; CASTRO Ana Maria de (orgs.). Fome: um tema proibido. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

______. Decreto-Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação e nutrição.


 

Brizabel Rocha é bacharel em Economia Doméstica pela Universidade Federal de Pelotas. Mestre pelo curso de Serviço Social em Políticas Públicas de SANS/PUCRS.. Assessora de Gestão Social de Política Territorial/UFRGS/PGDR/RS.

Publicado, originalmente, no Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares – OBHA